Examen de Administrativo Junta Andalucía 2025 resuelto (Convocatoria OEP 2022-2023 (acceso libre))

1. Según el artículo 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo para la interposición del recurso de alzada, si el acto fuera expreso, será de:

1. 1 mes.
2. 3 meses.
3. 20 días.
4. 2 meses.

2. Según el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda notificación deberá ser cursada:

1. Dentro del plazo de siete días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
2. Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
3. Dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
4. En el plazo de un mes a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

3. Según el artículo 10.1 de la Constitución Española, uno de los siguientes NO es fundamento del orden político ni de la paz social:

1. El respeto a la ley.
2. La dignidad de la persona.
3. El respeto a los derechos de los demás.
4. El libre desarrollo económico-social de las personas.

4. A tenor del artículo 115.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el error o la ausencia de la calificación de un recurso administrativo por parte del recurrente:

1. No será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.
2. Abrirá un plazo de 15 días para que el interesado subsane el error de la calificación.
3. No será obstáculo para su tramitación, en ningún caso.
4. No será obstáculo para su tramitación, siempre que el interesado esté debidamente identificado.

5. El artículo 56.1 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de la gestión recaudatoria, aprobado por el Decreto 197/2021, de 20 de julio, establece que los pagos a justificar tendrán carácter:

1. Cautelar.
2. Excepcional.
3. Facultativo.
4. Recaudatorio.

6. De acuerdo con lo previsto en el artículo 101 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Parlamento estará compuesto:

1. Por un máximo de 109 Diputados y Diputadas.
2. Por un mínimo de 109 Diputados y Diputadas.
3. Por un máximo de 119 Diputados y Diputadas.
4. Por un mínimo de 119 Diputados y Diputadas.

7. Según el artículo 69.2 de la Constitución Española, la elección de los senadores en cada provincia será:

1. Por sufragio indirecto.
2. Competencia del Congreso de los Diputados.
3. Por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.
4. Competencia del Consejo General del Poder Judicial.

8. Según el artículo 7 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres será aprobado por:

1. La Consejería competente en materia de Igualdad.
2. La Consejería competente en materia de Administración Pública.
3. El Instituto Andaluz de la Mujer.
4. El Consejo de Gobierno.

9. Conforme al artículo 17.6 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los miembros de un órgano colegiado quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos:

1. Cuando voten en contra o se abstengan.
2. Cuando así lo soliciten, independiente del sentido de su voto.
3. Únicamente cuando voten en contra y adviertan de las consecuencias del acuerdo adoptado por escrito dirigido al Presidente del órgano.
4. Todos los miembros de los órganos colegiados mantendrán su responsabilidad independientemente del sentido de su voto.

10. Según el artículo 16.3.b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida tendrán la consideración de:

1. Contratos de gestión de servicios.
2. Contratos de servicios.
3. Contratos de suministro.
4. Contratos de consultoría y asistencia.

11. De acuerdo con el artículo 5.6 de la Orden de 12 de diciembre de 2005, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Justicia y Administración Pública, por la que se regula la nómina general de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y se establece el procedimiento para su elaboración, la competencia para la aprobación de la nómina mensual de retribuciones en relación con el personal bajo la dependencia de las distintas Consejerías corresponderá:

1. Únicamente a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.
2. A la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, conjuntamente con las Intervenciones Delegadas.
3. Únicamente a las Secretarías Generales Técnicas de las distintas Consejerías.
4. A la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, conjuntamente con las Intervenciones Delegadas.

12. El artículo 14 de la Constitución Española declara que "los españoles son iguales ante la ley". ¿Qué circunstancia con respecto a la no discriminación NO se cita de forma explícita?

1. Raza.
2. Edad.
3. Opinión.
4. Religión.

13. A tenor del artículo 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿desde cuándo se computará el plazo de prescripción en las solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial cuando los daños son de carácter físico o psíquico a las personas?

1. El plazo quedará indefinidamente abierto.
2. Desde que se produjera el hecho que los ocasionó.
3. Desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
4. Desde la primera vez que se manifestara su efecto.

14. ¿Cuál de los siguientes elementos NO es requerido en una solicitud según el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

1. Nombre y apellidos del interesado.
2. Código de identificación del órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.
3. Dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico del interesado.
4. Firma del solicitante, Lugar y fecha.

15. Según el artículo 36.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos se producirán:

1. Verbalmente o por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
2. Verbalmente o por escrito a través de medios electrónicos, en todo caso.
3. Por escrito exclusivamente a través de medios electrónicos.
4. Por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.

16. A tenor del artículo 84.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la imposibilidad material de continuar el procedimiento por causas sobrevenidas producirá:

1. La renuncia del procedimiento.
2. El aplazamiento del procedimiento.
3. La terminación del procedimiento.
4. La correspondiente indemnización al interesado.

17. El artículo 88.1 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, dispone que el control interno comprende dos modalidades:

1. El control previo y el control financiero.
2. El control previo y el control por auditoría.
3. El control financiero y el control económico.
4. El control económico y el control por auditoría.

18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio son:

1. Anulables.
2. Nulos.
3. Convalidables.
4. Subsanables.

19. Según el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, entre las instituciones de la Unión NO se encuentra:

1. El Parlamento Europeo.
2. El Tribunal de Cuentas.
3. La Comisión Europea.
4. El Consejo Económico y Social.

20. Según el artículo 29.8 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118:

1. Podrán tener una duración superior a seis meses y podrán prever una prórroga.
2. No podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.
3. Podrán tener una duración superior a un año y podrán prever una prórroga.
4. No podrán tener una duración superior a dos años ni ser objeto de prórroga.

21. Según el artículo 143 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es nombrado por:

1. El Consejo General del Poder Judicial.
2. El Rey.
3. El Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía.
4. El Presidente del Parlamento de Andalucía.

22. Según el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué lengua utilizarán los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma?

1. Solo el castellano.
2. Solo la lengua que sea cooficial en dicha Comunidad Autónoma.
3. El castellano o la lengua que sea cooficial en dicha Comunidad Autónoma si así la utiliza el interesado.
4. El castellano o la lengua que sea cooficial en dicha Comunidad Autónoma si así la utiliza el interesado, pero el procedimiento siempre se tramitará en castellano por parte de la Administración.

24. Según el artículo 35 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, sobre el procedimiento de elaboración del presupuesto:

1. El estado de gastos incluirá una dotación diferenciada de crédito para atender, cuando proceda, necesidades inaplazables de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto, que se recogerá con la denominación de Gastos de Contingencia.
2. Al presupuesto se adjuntará como documentación anexa un informe económico y presupuestario.
3. La Consejería competente en materia de Hacienda someterá al acuerdo del Consejo de Gobierno, previo estudio y deliberación de la Comisión Delegada para Asuntos Fiscales, el anteproyecto de Ley de Presupuestos.
4. El presupuesto se ajustará al límite de gasto no financiero que apruebe el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda.

25. De acuerdo con el artículo 254 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la duración del mandato del Presidente del Tribunal General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea será de:

1. Tres años, no renovable.
2. Dos años, no renovable.
3. Dos años, renovable.
4. Tres años, renovable.

26. Según el artículo 3.2 del Decreto 275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de Género en la Administración de la Junta de Andalucía, las personas titulares de las Consejerías podrán crear unidades de igualdad de género en:

1. Agencias administrativas y agencias públicas empresariales.
2. Agencias administrativas y agencias de régimen especial.
3. Agencias administrativas y sociedades mercantiles.
4. Agencias de régimen especial y sociedades mercantiles.

27. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, cuando las entidades locales celebren sesiones plenarias, facilitarán su acceso a través de Internet, y las personas asistentes podrán realizar la grabación de las sesiones por sus propios medios:

1. No está permitido el uso de internet en la sala de plenos.
2. Respetando el funcionamiento ordinario de la institución.
3. Las personas asistentes no pueden realizar grabaciones en la sala de plenos.
4. Solo cuando concurran causas justificadas de imposibilidad técnica o económica para facilitar el acceso a través de internet.

28. Según el artículo 149.3 de la Constitución Española, las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución:

1. Corresponderán en cualquier caso al Estado.
2. Corresponderán en cualquier caso a las Comunidades Autónomas que las reclamen.
3. Podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos.
4. Podrán corresponder al Estado, si asume las competencias correspondientes en virtud de Ley Orgánica.

29. Según el artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos:

1. Desde la fecha de su publicación, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
2. Desde la fecha de su notificación, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
3. Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
4. Desde la fecha de su notificación.

30. Según el artículo 102.1 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Parlamento:

1. Goza de plena autonomía reglamentaria, presupuestaria, administrativa y disciplinaria.
2. Se dotará de su propio Reglamento, cuya aprobación o reforma requerirá el voto de la mayoría simple de los Diputados.
3. Se dotará de su propio Reglamento, cuya aprobación o reforma requerirá el voto de la mayoría de tres quintos de los Diputados.
4. Elabora y aprueba su presupuesto, pudiendo modificarlo en los supuestos previstos en el Estatuto de Autonomía.

31. Según el artículo 56.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento:

1. Únicamente de oficio.
2. De oficio o a instancia de parte.
3. Únicamente a instancia de parte.
4. Las medidas provisionales no podrán ser alzadas ni modificadas.

32. A tenor del artículo 66.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, las personas jurídicas:

1. Podrán ser adjudicatarias de cualquier tipo de contratos sin limitaciones.
2. Solo podrán ser adjudicatarias de contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios.
3. Solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
4. Solo podrán ser adjudicatarias de contratos sujetos a regulación armonizada.

33. Conforme al artículo 66.2 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, entre las retribuciones complementarias del personal funcionario de carrera se encuentra:

1. El complemento de carrera profesional, que retribuye la progresión según el tramo de la carrera vertical alcanzado.
2. El complemento de nivel competencial, que retribuye las condiciones particulares, incluidas la peligrosidad y penosidad, del puesto de trabajo, exigibles para el desempeño del mismo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo y su ámbito de actuación.
3. El complemento del puesto, que retribuye la especial dificultad técnica y la responsabilidad que concurren en el puesto de trabajo, dentro de la estructura jerárquica de la organización.
4. Gratificaciones por servicios extraordinarios, que retribuyen los servicios prestados fuera de la jornada normal de trabajo y que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía y periódicas en su devengo.

34. El artículo 94.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indica que el interesado podrá renunciar a sus derechos:

1. Con anterioridad al trámite de audiencia.
2. Cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico.
3. En cualquier momento del procedimiento.
4. Con anterioridad a la resolución del procedimiento.

35. ¿Cómo se planteará la recusación, según el artículo 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público?

1. Por escrito.
2. Oralmente o por escrito.
3. En todo caso presencialmente.
4. En todo caso por medios electrónicos.

36. Según el artículo 3.3 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, las disposiciones de esta ley solo se aplicarán cuando así lo disponga su legislación específica a:

1. El personal que tenga la consideración de alto cargo o rango asimilado al mismo.
2. El personal de las universidades públicas de Andalucía.
3. El personal al servicio del Parlamento de Andalucía y el personal al servicio del Defensor del Pueblo Andaluz y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
4. Las personas físicas que al amparo de la legislación sobre contratos del sector público, celebren contratos con el sector público.

37. El artículo 25 de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, establece respecto a la persona titular de la Dirección de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción que:

1. Será elegida por el Parlamento por mayoría de dos quintas partes de las personas que la compongan.
2. Deberá poseer más de cinco años de experiencia profesional acreditada relacionada con la prevención y lucha contra el fraude, la corrupción y el conflicto de intereses.
3. Será nombrada por la Presidencia de la Junta de Andalucía.
4. Su mandato será de cinco años.

38. Según el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, cualquier Estado europeo que quiera formar parte de la Unión Europea debe dirigir su solicitud de ingreso:

1. Al Parlamento Europeo.
2. Al Consejo Europeo.
3. A la Comisión Europea.
4. Al Consejo.

39. Según el artículo 13.5 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de la gestión recaudatoria, aprobado por el Decreto 197/2021, de 20 de julio, el procedimiento de autorización de las cuentas autorizadas se desarrollará por:

1. Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.
2. Reglamento de la Secretaría General competente en materia de Hacienda.
3. Resolución de la persona titular de la Dirección General competente en materia de Tesorería.
4. Instrucción de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

40. Según el artículo 63.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sin perjuicio de que se permita el acceso a expedientes anteriores ante solicitudes de información, toda la información contenida en los perfiles de contratante permanecerá accesible al público durante un periodo de tiempo no inferior a:

1. 5 años.
2. 2 años.
3. 1 año.
4. 10 años.

41. Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento:

1. Cuando sea mayor de dieciséis años.
2. Cuando sea mayor de quince años.
3. Cuando sea mayor de catorce años.
4. Cuando sea mayor de trece años.

42. El artículo 108 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que iniciado el procedimiento de revisión de oficio:

1. El órgano competente para declarar la nulidad o lesividad, podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
2. El órgano competente para declarar la nulidad o lesividad, no podrá suspender la ejecución del acto en ningún caso.
3. El órgano superior jerárquico del competente para declarar la nulidad o lesividad, podrá suspender la ejecución del acto, por un plazo máximo e improrrogable de tres meses.
4. El órgano superior jerárquico del competente para declarar la nulidad o lesividad, podrá suspender la ejecución del acto, por un plazo máximo e improrrogable de seis meses.

43. De acuerdo con el artículo 57.1 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, el Presupuesto de cada ejercicio se liquidará, en cuanto a recaudación de derechos y pago de obligaciones, el:

1. 23 de diciembre.
2. 27 de diciembre.
3. 30 de diciembre.
4. 31 de diciembre.

44. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 112.4 establece que se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica:

1. Los procedimientos de conciliación.
2. Los procedimientos de arbitraje.
3. Las reclamaciones económico-administrativas.
4. Los procedimientos de mediación.

45. El artículo 4 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, establece que si la Cámara de Cuentas apreciase una manifiesta infracción de Ley con grave perjuicio para el interés público:

1. Informará de los hechos a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.
2. Estará facultada para interponer una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos.
3. Requerirá la colaboración del Tribunal de Cuentas para verificar el efectivo perjuicio para el interés público.
4. Dará inmediato conocimiento al Parlamento y al Consejo de Gobierno por medio de un informe extraordinario.

46. Según el artículo 80.2 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la aceptación de las cesiones gratuitas y mutaciones demaniales que recaigan sobre bienes inmuebles, le corresponderá a:

1. La persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio.
2. La persona titular de la Consejería a la que van a quedar adscritos.
3. La persona titular de la Consejería a la que van a quedar adscritos previa autorización del Consejo de Gobierno.
4. En ningún caso podrán aceptarse cesiones gratuitas de bienes inmuebles.

47. El Título VII de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía se refiere a:

1. El Poder Judicial en Andalucía.
2. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma.
3. Medio Ambiente.
4. Economía, Empleo y Hacienda.

48. Según el artículo 19 del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, se establece un período de prueba de:

1. 2 meses para los Grupos I, II y III, y 1 mes para los Grupos IV y V.
2. 2 meses para los Grupos I y II, y 1 mes para los Grupos III, IV y V.
3. 1 mes para los Grupos I, II y III, y 15 días para los Grupos IV y V.
4. 1 mes para los Grupos I y II, y 15 días para los Grupos III, IV y V.

49. Según el artículo primero de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, ¿a quién debe dar cuenta el Defensor del Pueblo?

1. Al Gobierno y a la Administración.
2. A los Tribunales y al Congreso de los Diputados.
3. Al Congreso de los Diputados, exclusivamente.
4. A las Cortes Generales.

50. En el procedimiento de responsabilidad patrimonial, será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento ocasionó la presunta lesión indemnizable. Según el artículo 81.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo de su emisión no podrá exceder de:

1. Un mes.
2. Veinte días.
3. Quince días.
4. Diez días.

51. La Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía, dispone en su artículo 15.4 que el documento «D» se expedirá:

1. Al declarar la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública, comportando la propuesta de pago correspondiente.
2. Una vez dictado el acto administrativo que conlleva la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o estimada.
3. En el momento anterior a la adquisición del compromiso del gasto, una vez conocido su importe exacto.
4. Una vez dictado el correspondiente acto de reconocimiento y liquidación de la obligación de pago.

52. Según el artículo 91.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en un procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial, transcurridos seis meses desde que se inició sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, ¿cómo puede entenderse la resolución?

1. Favorable a la indemnización del particular.
2. Contraria a la indemnización del particular.
3. Prorrogada por el plazo de un mes, sin posibilidad de nueva prórroga.
4. Prorrogada por el plazo de diez días, sin posibilidad de nueva prórroga.

53. Conforme al artículo 285.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en los contratos de concesión de servicios la tramitación del expediente irá precedida de la realización y aprobación de un estudio de viabilidad de los mismos o en su caso, de un estudio de viabilidad económico-financiera, que:

1. Tendrán carácter facultativo.
2. Tendrán, en todo caso, carácter vinculante.
3. Tendrán carácter vinculante en los supuestos en que concluyan en la viabilidad del proyecto.
4. Tendrán carácter vinculante en los supuestos en que concluyan en la inviabilidad del proyecto.

54. De conformidad con el artículo 4.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros se aplicarán a uno de los siguientes ámbitos principales:

1. La protección civil.
2. La protección de los consumidores.
3. La unión aduanera.
4. La juventud y el deporte.

55. Según el artículo 46 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, con carácter excepcional, podrán generar crédito en el Presupuesto del ejercicio los siguientes ingresos realizados en el último trimestre del ejercicio anterior:

1. Préstamos concedidos a la Administración de la Comunidad Autónoma por otras Administraciones Públicas, sus organismos o instituciones para financiar total o conjuntamente gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos asignados a la misma.
2. Enajenaciones de inmovilizado, con destino a operaciones de la misma naturaleza económica.
3. Recursos legalmente afectados a la realización de actuaciones determinadas.
4. Ninguna de las anteriores es correcta.

56. Conforme al artículo 5 del Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios, el sistema de evaluación de la calidad de los servicios y se establecen los Premios a la Calidad de los servicios públicos, entre los contenidos derivados de compromisos de calidad y de la normativa aplicable se encuentran:

1. Plazos previstos de tramitación de los procedimientos, así como para la prestación de los servicios.
2. Forma de colaboración o participación de los ciudadanos y usuarios en la mejora de los servicios.
3. Relación actualizada de las normas reguladoras de cada una de las prestaciones y servicios.
4. Derechos concretos de los ciudadanos y usuarios en relación con los servicios prestados.

57. Según el artículo 117.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas:

1. La suspensión de su eficacia ha de ser notificada individualmente y publicada en el periódico oficial en que aquél se insertó.
2. La suspensión de su eficacia no tendrá efecto hasta que no sea notificada a todas las personas afectadas.
3. La suspensión de su eficacia tendrá que ser publicada, en todo caso, en el Boletín Oficial del Estado.
4. La suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial en que aquél se insertó.

58. Según el artículo 102.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el precio del contrato:

1. Se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente.
2. Se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuesto sobre Sociedades, que en todo caso se indicarán como partidas independientes.
3. No se entenderá incluido en ningún caso el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido.
4. Se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre Sociedades, que en todo caso se indicará como partida independiente.

59. Conforme al artículo 14.4 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de la gestión recaudatoria, aprobado por el Decreto 197/2021, de 20 de julio, las conciliaciones mensuales de las cuentas generales y de las cuentas autorizadas se rendirán a la:

1. Oficina contable de la Intervención que corresponda.
2. Oficina de gestión de la Tesorería General de la Junta de Andalucía.
3. Oficina de gestión de la Intervención General de la Junta de Andalucía.
4. Oficina de tesorería asociada a la Consejería o agencia administrativa.

60. Según el artículo 156 de la Constitución Española, respecto de los recursos tributarios del Estado, las Comunidades Autónomas:

1. No podrán asumir ningún tipo de competencias.
2. Podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para su recaudación, gestión y liquidación.
3. Podrán actuar como delegados del Estado para su recaudación y gestión, pero no para su liquidación.
4. Podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado exclusivamente para su recaudación.

61. Conforme al artículo 40.2 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen en los casos de:

1. Inversiones reales, transferencias y subvenciones nominativas, salvo las subvenciones de capital.
2. Concesión de préstamos para la financiación de viviendas protegidas de promoción pública o privada.
3. Concesión de préstamos para promoción económica en programas especiales aprobados por el Parlamento andaluz.
4. Arrendamientos de bienes muebles y cualquier otro instrumento jurídico que implique la cesión de uso remunerada sobre los mismos.

62. A tenor del artículo 14 del Tratado de la Unión Europea, ejerce la función legislativa y la función presupuestaria en la Unión Europea:

1. El Consejo de Europa.
2. La Comisión Europea.
3. El Parlamento Europeo junto con el Consejo.
4. El Parlamento Europeo junto con la Comisión.

63. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el procedimiento de elaboración de los proyectos de ley se iniciará en la Consejería competente mediante la elaboración del correspondiente anteproyecto de ley que irá acompañado por:

1. Una Memoria Justificativa.
2. Una Memoria Económica.
3. Una Memoria de Análisis de Impacto Normativo.
4. Una Memoria de Planificación Normativa.

64. De acuerdo con el artículo 120.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, si en la tramitación de emergencia se excede el plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones:

1. Este plazo sólo podrá prorrogarse por un plazo máximo de 10 días adicionales.
2. Si es culpa del contratista, éste dispondrá de un plazo de 3 días para justificar la demora.
3. La contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento ordinario.
4. El órgano de contratación podrá acordar la suspensión del contrato, previa audiencia al contratista.

65. Según el artículo 19.3 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía se catalogarán como puestos a desempeñar por personal directivo público profesional alto cargo exclusivamente los correspondientes a las personas titulares de los siguientes órganos directivos centrales o periféricos:

1. Secretarías Generales.
2. Direcciones Generales independientemente de su ámbito competencial.
3. Secretarías Generales Técnicas.
4. Las delegaciones territoriales o provinciales, en todo caso.

66. Según el artículo 48.4 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, es competencia compartida la siguiente materia:

1. La ordenación del sector pesquero.
2. La planificación del sector pesquero.
3. La pesca marítima y recreativa en aguas interiores.
4. El buceo profesional.

67. De acuerdo con el Manual de simplificación administrativa y agilización de trámites de la Junta de Andalucía, aprobado por la Orden de 22 de febrero de 2010, la carga de trabajo asociada a la instrucción de un procedimiento administrativo será el resultado de:

1. Sumar los tiempos dedicados por el personal a la resolución de cada trámite asociados a un expediente.
2. Sumar los tiempos dedicados por la ciudadanía y las empresas a completar cada uno de los trámites del procedimiento.
3. Restar la fecha de firma de la resolución y la fecha de presentación de la solicitud, y multiplicarla por el número de trámites del procedimiento.
4. Restar la fecha de firma de la resolución y la fecha de presentación de la solicitud, y multiplicarla por el número de órganos que intervienen en el procedimiento.

68. Según el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución, dentro del plazo de:

1. 1 mes a contar desde el conocimiento de los documentos con valor esencial para la resolución, o desde que la sentencia judicial quedó firme.
2. 2 meses a contar desde el conocimiento de los documentos con valor esencial para la resolución, o desde que la sentencia judicial quedó firme.
3. 3 meses a contar desde el conocimiento de los documentos con valor esencial para la resolución, o desde que la sentencia judicial quedó firme.
4. 4 años a contar desde el conocimiento de los documentos con valor esencial para la resolución, o desde que la sentencia judicial quedó firme.

69. Según el artículo 72 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, la declaración de utilidad pública de entidades deportivas es una competencia:

1. Compartida.
2. Propia.
3. Exclusiva.
4. Ejecutiva.

70. La Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, atribuye al servicio de información de la Administración Autonómica en la Comunidad Autónoma de Andalucía el número:

1. 012
2. 060
3. 0118 999
4. 881 999 119

71. Según el Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía, la familia tipográfica que se utiliza en los nombres, los descriptores y el uso común de la identidad visual es:

1. Arial.
2. Noto Sans HK.
3. Cambria Math.
4. Eras.

72. Al fichero de texto que un navegador web almacena de forma automática en el equipo del usuario cuando éste visita una página web, se le denomina:

1. Proxy.
2. Caché.
3. Centinela.
4. Cookie.

73. Usando LibreOffice Calc, editando las celdas de la hoja DELEGACIONES, para hacer referencia a la celda A5 de la hoja CONSEJERIAS ACTIVAS del mismo libro, teclearemos:

1. CONSEJERIAS ACTIVAS:A$5
2. =CONSEJERIAS ACTIVAS:$A$5
3. ="CONSEJERIAS ACTIVAS".A5
4. ='CONSEJERIAS ACTIVAS'.A5

74. Usando LibreOffice Calc, a la referencia $A5 se le da el nombre de:

1. Referencia absoluta.
2. Referencia relativa.
3. Referencia mixta.
4. Referencia simple.

75. Usando LibreOffice Calc, si utilizamos la siguiente función: =BUSCARV("CARMEN";B51:C54;2;FALSO) y el nombre CARMEN no está en el rango especificado, nos dará el error:

1. #NOMBRE?
2. #VALOR!
3. #N/D
4. #REF!

76. Antonio López, funcionario interino del cuerpo A1.1100 durante un período de 3 años, adquirió la condición de funcionario de carrera del cuerpo A2.1100 tomando posesión el 3 de febrero de 2023, en los servicios centrales de la Consejería de Industria, Energía y Minas. En septiembre de 2024 participa en una convocatoria de provisión de un puesto de Asesor Técnico, nivel 26, por el sistema de libre designación. Dicha convocatoria se publicó en BOJA el lunes 2 de septiembre de 2024. Antonio es seleccionado para dicho puesto, publicándose el nombramiento en BOJA el lunes 30 de septiembre de 2024. Posteriormente, Antonio se presenta a la promoción interna para acceder al cuerpo A1.1100, superando el proceso selectivo y tomando posesión en dicho cuerpo el 11 de diciembre de 2026. El 26 de enero de 2027, Antonio es nombrado Director General en la Consejería donde había venido prestando sus servicios desde que adquirió la condición de funcionario. Antonio puede presentar su solicitud de participación en la convocatoria para cubrir el puesto por el sistema de libre designación hasta:

1. El 16 de septiembre de 2024.
2. El 23 de septiembre de 2024.
3. El 15 de septiembre de 2024.
4. El 25 de septiembre de 2024.

77. Cuándo podría cesar Antonio en su puesto de origen para tomar posesión en el puesto de libre designación:

1. El 30 de septiembre de 2024.
2. Obligatoriamente el 2 de octubre de 2024.
3. El 1 de octubre de 2024.
4. El 4 de octubre de 2024.

78. En qué fecha deberá producirse la toma de posesión en el puesto de Asesor Técnico:

1. Obligatoriamente el 3 de octubre de 2024.
2. El 4 de octubre de 2024, si el cese se produjo el día 3.
3. El 7 de octubre de 2024, si el cese se produjo el día 6.
4. El 1 de octubre de 2024.

79. Según el artículo 87.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Antonio, al ser nombrado Director General, quedaría en la siguiente situación administrativa:

1. Comisión de Servicios.
2. Servicios Especiales.
3. Excedencia voluntaria por interés particular.
4. Servicio en otras Administraciones Públicas.

80. En el supuesto de que Antonio cesara en el cargo de Director General transcurridos dos años y decidiera solicitar el reingreso al servicio activo, según el artículo 24 de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos y otros cargos públicos, le correspondería hasta que se incorpore al servicio activo una asignación económica:

1. Temporal de tres mensualidades de las retribuciones del cargo en que cesa.
2. Temporal de dos mensualidades de las retribuciones del cargo en que cesa.
3. Temporal de una mensualidad de las retribuciones del cargo en que cesa.
4. Equivalente a las retribuciones básicas y, si corresponde, las prestaciones familiares por hijos o hijas a su cargo.

81. Antonio, según lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando presenta su solicitud de consolidación de grado, lo haría:

1. Obligatoriamente a través de medios electrónicos.
2. Presencialmente en una Oficina de Asistencia en Materia de Registro.
3. Indistintamente a través de medios electrónicos o de forma presencial en una Oficina de Asistencia en Materia de Registro.
4. En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

82. Antonio, durante el tiempo en que presta sus servicios como Asesor Técnico en la Consejería de Industria, Energía y Minas, tramita subvenciones para la instalación de sistemas térmicos renovables, que según las bases reguladoras de esta línea de subvención son de concurrencia no competitiva. El importe subvencionable es el 50% de la inversión realizada, hasta un máximo de 20.000 euros. Según el artículo 4.6 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, dichas bases reguladoras habrán sido aprobadas:

1. En todo caso, mediante Decreto del Consejo de Gobierno.
2. Mediante Orden de la persona titular de la Consejería de Industria, Energía y Minas, o en su caso, mediante Decreto del Consejo de Gobierno.
3. En todo caso, mediante Orden de la persona titular de la Consejería de Industria, Energía y Minas.
4. Mediante Orden del titular de la Consejería con competencias en materia de Hacienda.

84. Según el artículo 9.1 del Reglamento de los procedimientos de concesión de subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, la cuantía máxima de la subvención se concretará en:

1. La orden de convocatoria.
2. Las bases reguladoras de la subvención.
3. Una Orden del titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.
4. Una Orden conjunta de los titulares de las consejerías competentes en materia de Hacienda y en materia de Energía.

85. Según el artículo 9.1 de la Orden de 6 de abril de 2018, por la que se regula el procedimiento de gestión presupuestaria del gasto público derivado de las subvenciones otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas y de régimen especial, los créditos presupuestarios a los que se imputa la financiación de esta subvención se contendrán en:

1. Las bases reguladoras.
2. La Resolución de concesión.
3. La convocatoria.
4. El documento contable A.

86. Uno de los solicitantes propuestos provisionalmente para la adjudicación de dicha subvención, el Sr. Pedro Pérez, presentó en su día una solicitud para la instalación de un sistema térmico renovable, acompañada de un presupuesto por un importe total de 20.000 euros. Iniciada la tramitación, se le hace un pago anticipado del 50%. Cuando se le hizo al Sr. Pérez el pago anticipado, el órgano gestor competente realizó la siguiente propuesta de documento contable:

1. O
2. OJ
3. DO
4. Ninguna de las anteriores es correcta.

87. Finalizado el plazo de justificación de la inversión, el Sr. Pérez presenta factura por 18.000 euros. En dicho momento, el órgano gestor realiza las siguientes propuestas de documentos contables:

1. Un J por 5.000 euros y posteriormente, un O por 4.000 euros.
2. Un O por 5.000 euros y posteriormente, un J por 10.000 euros.
3. Un J por 5.000 euros y posteriormente, un O por 5.000 euros.
4. Un O por 4.000 euros.

88. Según el artículo 30.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el plazo que el Sr. Pérez tiene para presentar la justificación de la inversión subvencionada, sería:

1. Seis meses, en todo caso.
2. A falta de previsión de las bases reguladoras, como máximo, seis meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad.
3. Tres meses, en todo caso.
4. A falta de previsión de las bases reguladoras, como máximo, tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad.

89. El Sr. Pérez obtuvo otra subvención pública para financiar la instalación del mencionado sistema térmico renovable, resolución favorable que le fue notificada con anterioridad a la finalización del plazo de justificación tramitada por la Consejería de Industria, Energía y Minas. Según el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones ¿incurrió en algún tipo de infracción?

1. No, no tenía obligación de comunicar nada.
2. Sí, y está tipificada como grave.
3. Sí, y está tipificada como leve.
4. Sí, y está tipificada como muy grave.

90. Durante el tiempo en que Antonio estuvo tramitando subvenciones relativas a los sistemas térmicos renovables, se recibieron en su Consejería 25 solicitudes de ayuda. La solicitud del Sr. X, se ha recibido por registro careciendo de la firma del interesado así como acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio. Ante esta situación, según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, Ley 39/2015), Antonio debería:

1. Requerir al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la solicitud.
2. Continuar con la tramitación.
3. Requerir al interesado para que, en un plazo de cinco días, subsane la solicitud.
4. Declarar el desistimiento del interesado.

91. Antonio recibe una solicitud que fue presentada en la Oficina de Asistencia en Materia de Registro de la Delegación Territorial de su Consejería en Granada. Consultado el artículo 21 de la Ley 39/2015, el plazo que tiene para comunicar el inicio de la tramitación es:

1. Cinco días siguientes a la recepción de la solicitud en la Oficina de Asistencia en Materia de Registro de la Delegación Territorial de su Consejería en Granada.
2. Diez días siguientes a la recepción de la solicitud en la Oficina de Asistencia en Materia de Registro de la Delegación Territorial de su Consejería en Granada.
3. Diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro de la Consejería, por ser el órgano competente para la tramitación.
4. Cinco días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro de la Consejería, por ser el órgano competente para la tramitación.

92. En el caso de la solicitud del Sr. Z, Antonio elabora la propuesta de resolución favorable. Según el artículo 3 del Decreto 90/1993, de 13 de julio, por el que se asignan diversas funciones a determinados órganos de Consejerías y Organismos Autónomos adscritos a la Junta de Andalucía, dicha propuesta la firma:

1. El Director General de su Consejería competente en la materia.
2. El jefe de servicio que tramita esta línea de ayudas.
3. Antonio, como asesor técnico competente en la tramitación de la ayuda.
4. El Delegado Territorial de la provincia donde se proyecta la instalación del sistema térmico renovable.

93. Otra de las solicitudes, la del Sr. Y, es presentada de forma manuscrita sin utilizar el modelo específico de presentación de solicitudes, expresamente establecido para la solicitud de la ayuda. Según lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 39/2015:

1. La solicitud es válida en todo caso.
2. El uso del modelo expresamente establecido es a voluntad del solicitante.
3. Es obligatorio usar el modelo expresamente establecido.
4. Ninguna de las anteriores es correcta.

94. Desde hace algunos años, Antonio viene solicitando la ayuda de acción social destinada a personas con discapacidad para compensar los gastos ocasionados por la atención especializada de la discapacidad intelectual de su hijo. Tras su última solicitud, recibe un requerimiento para que aporte el libro de familia para justificar la filiación. Según el artículo 28.3 de la Ley 39/2015:

1. No tiene que aportar dicho documento por haberlo hecho en la solicitud del año anterior, y así lo indica en su escrito de contestación.
2. Tiene que aportar obligatoriamente dicho documento.
3. No contesta al requerimiento al no tener obligación de aportar el libro de familia por haberlo hecho el año anterior.
4. Tiene un plazo de 5 días hábiles para aportar dicho documento.

95. Julia trabaja como Asesora Técnica en el Sv. Contratación de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. La Consejería va a licitar un contrato financiado parcialmente por el fondo NextGenerationEU de la Unión Europea, denominado "Suministro e instalación de baterías estacionarias en edificios de la Junta de Andalucía, con criterios de sostenibilidad" (CPV 31440000-2). Estas baterías servirán para almacenar los excedentes de autoproducción solar cuando las placas fotovoltaicas de las cubiertas generen más energía de la necesaria para el funcionamiento de los edificios. El contrato tendrá un plazo de ejecución de 5 meses y un valor estimado de 220.000 euros, y se adjudicará por un procedimiento abierto. Julia es la funcionaria responsable de tramitar este expediente de contratación. Con objeto de facilitar el acceso a la contratación pública de las empresas de economía social, le plantean a Julia la posibilidad de reservar el contrato a sociedades laborales y cooperativas sin ánimo de lucro. Conforme a la Disposición Adicional 48ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), ¿sería posible?

1. No, porque dicha reserva únicamente puede establecerse en los contratos de servicios de carácter social, cultural y de salud.
2. Sí, porque el CPV de este contrato es uno de los códigos CPV mencionados expresamente en el apartado 1 de la citada Disposición Adicional 48ª.
3. Sí, siempre que las sociedades laborales y cooperativas tengan su sede en Andalucía o, si se trata de una Sociedad Cooperativa Europea (SCE), uno de sus miembros sea una cooperativa andaluza.
4. Sí, la citada disposición remite al artículo 132.1 de la LCSP, que permite limitar la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro en la contratación en cualquier tipo de contrato.

96. Una compañera de Julia le indica que la química de las baterías debería valorarse en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) como un criterio de adjudicación, pues las baterías LFP (de litio, hierro y fosfato) usan una mayor proporción de materiales abundantes y no tóxicos que las baterías NMC (de níquel, manganeso y cobalto). Sin embargo, otro compañero le indica que, si incluyera este criterio, estaría incumpliendo el principio de no discriminación e igualdad de trato. A tenor del artículo 1.3 de la LCSP, el PPT:

1. Debería incluir este criterio, porque el contrato está sujeto a regulación armonizada.
2. Debería incluir este criterio, porque el contrato está cofinanciado con fondos europeos.
3. Debería incluir este criterio, porque guarda relación con el objeto del contrato ("con criterios de sostenibilidad").
4. No debería incluir este criterio, porque discriminaría a los licitadores con inversiones en minería en zonas de conflicto.

97. Asimismo, se decide dividir el contrato en 3 lotes, en función de la capacidad de las baterías: hasta 15 kWh, de 16 a 54 kWh, y 55 kWh o más. Conforme al artículo 99.4 de la LCSP, se considera oportuno limitar el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador, y así se indica expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en:

1. La memoria justificativa del contrato.
2. El informe de defensa de la competencia.
3. El anuncio de información previa.
4. El anuncio de licitación.

98. Una de las proposiciones presentadas corresponde a la empresa "Vrije Vlaamse Energie", que tiene su sede en Kortrijk (Bélgica). De acuerdo con el artículo 67.1 de la LCSP, esta empresa tendrá capacidad para contratar con el sector público:

1. Si se encuentra habilitada para realizar esta prestación, con arreglo a la legislación belga.
2. Si justifica mediante informe que Bélgica admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público belga.
3. Si acredita que dispone de una sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que está inscrita en el Registro Mercantil.
4. En todo caso.

99. Una vez adjudicado el contrato, se recibe una transferencia de fondos de la Unión Europea destinada a la instalación de nuevas placas solares fotovoltaicas en las cubiertas de los edificios de la Junta de Andalucía, por lo que se decide modificar el contrato para adquirir un mayor número de baterías estacionarias. Según el artículo 205.2 de la LCSP, si no se han acordado otras modificaciones, ¿cuál será la cuantía máxima de la modificación, IVA excluido?

1. 44.000 euros.
2. 66.000 euros.
3. 88.000 euros.
4. 110.000 euros.

100. Y, conforme al artículo 206.1 de la LCSP, ¿cuál será la cuantía máxima de la modificación, IVA excluido, si se pretende que sea obligatoria para los contratistas?

1. 22.000 euros.
2. 44.000 euros.
3. 66.000 euros.
4. 88.000 euros.

151. Según el artículo 56 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, la creación de las agencias de régimen especial requerirá:

1. Autorización previa por ley, que establecerá su objeto y fines generales, y se producirá con la aprobación de su estatuto por decreto del Consejo de Gobierno a propuesta conjunta de las personas titulares de las Consejerías competentes en materia de Administración Pública y de Hacienda.
2. Autorización previa por decreto del Consejo de Gobierno, que establecerá su objeto y fines generales, y se producirá con la aprobación de su estatuto a propuesta conjunta de las personas titulares de las Consejerías competentes en materia de Administración Pública y de Hacienda.
3. Autorización previa por ley, que establecerá su objeto y fines generales, y se producirá con la aprobación de su estatuto por decreto del Consejo de Gobierno a propuesta de la persona titular de la Consejería competente por razón de la materia.
4. Autorización previa por decreto de Consejo de Gobierno, que establecerá su objeto y fines generales, y se producirá con la aprobación de su estatuto a propuesta de la persona titular de la Consejería competente por razón de la materia.

152. Reserva Según el artículo 12.2 de la Orden de 12 de diciembre de 2005, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Justicia y Administración Pública, por la que se regula la nómina general de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y se establece el procedimiento para su elaboración, cerrado el proceso de fiscalización de las incidencias, el Sistema realizará el cálculo de la nómina, emitiendo, por secciones presupuestarias, los documentos relacionados en los artículos 10 y 11 de la citada Orden, a excepción:

1. Del cuerpo de la nómina.
2. Del resumen contable.
3. Del resumen de la nómina.
4. De las relaciones de pago.

153. Reserva El artículo 3 de la Orden de 20 de febrero de 2007, conjunta de las Consejerías de Justicia y Administración Pública y de Cultura, por la que se regula la implantación y uso del Sistema de Información para la Gestión de los Archivos de titularidad y/o gestión de la Junta de Andalucía (proyecto @rchivA Andalucía) establece que uno de los objetivos generales del Sistema será la integración con:

1. La plataforma digital corporativa de participación ciudadana.
2. El Sistema de Gestión de Ayudas y Becas de la Junta de Andalucía (@beJA).
3. El Portal de Archivos Españoles (PARES) del Ministerio de Cultura.
4. Las diversas plataformas del proyecto w@ndA y del sistema Adriano.

154. Reserva A tenor del artículo 5.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, cuando los Tribunales y Juzgados del orden Contencioso-Administrativo apreciaran de oficio la falta de jurisdicción, ¿cuánto tiempo tienen, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, para resolver?

1. Dos días.
2. Cinco días.
3. Veinte días.
4. Diez días.

155. Supuesto: Antonio López, funcionario interino del cuerpo A1.1100 durante un período de 3 años, adquirió la condición de funcionario de carrera del cuerpo A2.1100 tomando posesión el 3 de febrero de 2023, en los servicios centrales de la Consejería de Industria, Energía y Minas. En septiembre de 2024 participa en una convocatoria de provisión de un puesto de Asesor Técnico, nivel 26, por el sistema de libre designación. Dicha convocatoria se publicó en BOJA el lunes 2 de septiembre de 2024. Antonio es seleccionado para dicho puesto, publicándose el nombramiento en BOJA el lunes 30 de septiembre de 2024. Posteriormente, Antonio se presenta a la promoción interna para acceder al cuerpo A1.1100, superando el proceso selectivo y tomando posesión en dicho cuerpo el 11 de diciembre de 2026. El 26 de enero de 2027, Antonio es nombrado Director General en la Consejería donde había venido prestando sus servicios desde que adquirió la condición de funcionario. Teniendo en cuenta que el puesto obtenido por libre designación por Antonio López era de doble adscripción A1/A2, en qué fecha consolidaría el nivel 26:

1. El 4 de febrero de 2027.
2. El 9 de junio de 2027.
3. El 11 de diciembre de 2026.
4. Ninguna de las anteriores es correcta.

156. Reserva Supuesto: Julia trabaja como Asesora Técnica en el Sv. Contratación de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. La Consejería va a licitar un contrato financiado parcialmente por el fondo NextGenerationEU de la Unión Europea, denominado "Suministro e instalación de baterías estacionarias en edificios de la Junta de Andalucía, con criterios de sostenibilidad" (CPV 31440000-2). Estas baterías servirán para almacenar los excedentes de autoproducción solar cuando las placas fotovoltaicas de las cubiertas generen más energía de la necesaria para el funcionamiento de los edificios. El contrato tendrá un plazo de ejecución de 5 meses y un valor estimado de 220.000 euros, y se adjudicará por un procedimiento abierto. Julia es la funcionaria responsable de tramitar este expediente de contratación. A efectos de la adjudicación del contrato de suministro e instalación de baterías estacionarias, se opta por celebrar una subasta electrónica. De acuerdo con el artículo 143.7 de la LCSP, entre la fecha de envío de las invitaciones y el comienzo de la subasta electrónica habrán de transcurrir:

1. Como máximo, 5 días hábiles.
2. Como máximo, 3 días hábiles.
3. Al menos, 3 días hábiles.
4. Al menos, 2 días hábiles.

157. Reserva Supuesto (continuación): en el marco del contrato de suministro e instalación de baterías estacionarias en edificios de la Junta de Andalucía descrito anteriormente, conforme al artículo 143.8 de la LCSP, a lo largo de la subasta, ¿podrá divulgarse la identidad de los licitadores que están participando en cada fase de la subasta?

1. Sí, si así lo decide el órgano de contratación.
2. Sí, si está contemplado en el pliego que rige la licitación.
3. Sí, en todo caso.
4. No, en ningún caso.