La reserva estatal del artículo 149.1.6ª
El artículo 149.1.6ª de la Constitución enumera un bloque de materias que son competencia exclusiva del Estado. Su tenor literal reserva la legislación mercantil, penal y penitenciaria, seguida de la legislación procesal. Es la clave del temario penitenciario: la legislación penitenciaria comparte ordinal con la mercantil y la penal, no con la civil ni con la laboral. Conviene fijar dónde está cada una para no caer en las trampas: la legislación laboral está en el ordinal 7ª; la civil, en el 8ª; la Administración de Justicia, en el 5ª; el régimen aduanero y arancelario, en el 10ª.
La salvedad solo alcanza a la legislación procesal
Dentro del mismo artículo 149.1.6ª aparece una excepción: la legislación procesal se reserva al Estado sin perjuicio de las necesarias especialidades que se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas. Este es un punto muy preguntado. Esa salvedad se predica exclusivamente de la legislación procesal. Ni la mercantil, ni la penal, ni la penitenciaria llevan matiz autonómico alguno: son competencia exclusiva del Estado sin excepciones. No existe, por tanto, un "derecho penitenciario autonómico".
Legislar no es gestionar
De la exclusividad del artículo 149.1.6ª se extrae una distinción esencial. Lo reservado en exclusiva al Estado es la potestad legislativa en materia penitenciaria: ninguna Comunidad Autónoma puede dictar leyes penitenciarias propias, por más que su Estatuto de Autonomía lo previera. En cambio, la gestión o ejecución de los centros sí puede transferirse. Algunas Comunidades han recibido el traspaso de la gestión de los establecimientos penitenciarios de su territorio; eso les permite disponer de funcionarios propios adscritos a esos centros y colaborar con la Administración General del Estado en la ejecución de la política penitenciaria. Pero la transferencia de la gestión no implica potestad legislativa: legislar sigue siendo monopolio estatal.
Por eso la competencia penitenciaria no es compartida, no es asumible por ninguna Comunidad cualquiera que sea su nivel de autonomía, y no es delegable en las Diputaciones Provinciales, que además son entes locales sin potestad legislativa alguna.
El fin primordial de las instituciones penitenciarias
La norma estatal que desarrolla esta competencia es la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP). Su artículo primero fija que las instituciones penitenciarias tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad. Junto a ese fin primordial, el mismo artículo añade la retención y custodia de detenidos, presos y penados (los tres, no solo los preventivos) y una labor asistencial y de ayuda para internos y liberados.
Que no te confundan: el fin primordial es la reeducación y reinserción, no la custodia, ni el régimen disciplinario, ni la gestión económica. Y el artículo primero no menciona en absoluto a las Comunidades Autónomas ni les atribuye competencia para fijar los fines del tratamiento: eso es contenido de la ley estatal, coherente con la reserva del artículo 149.1.6ª.
Encaje constitucional del fin resocializador
La reeducación y reinserción social —fin primordial del artículo primero de la LOGP— se enmarca en una materia cuya potestad legislativa corresponde en exclusiva al Estado por el artículo 149.1.6ª. Da igual que la gestión de algunos centros se haya transferido a una Comunidad: la reserva legislativa es sobre toda la legislación penitenciaria y no distingue entre establecimientos de cumplimiento y preventivos.
Puntos clave
- Artículo 149.1.6ª: competencia exclusiva del Estado sobre legislación mercantil, penal y penitenciaria; también la procesal.
- La legislación penitenciaria comparte ordinal con la mercantil y la penal (no con civil ni laboral).
- La salvedad de especialidades autonómicas solo alcanza a la legislación procesal, nunca a la penitenciaria.
- La legislación penitenciaria es exclusiva del Estado: no compartida, no asumible por CCAA, no delegable en Diputaciones.
- Gestión transferida ≠ potestad legislativa: las CCAA pueden gestionar centros, tener funcionarios propios y colaborar, pero no legislar.
- Artículo 1 LOGP: fin primordial = reeducación y reinserción social de los sentenciados a penas y medidas privativas de libertad.
- El artículo 1 LOGP añade la retención y custodia de detenidos, presos y penados y una labor asistencial para internos y liberados.
- El artículo 1 LOGP no menciona a las Comunidades Autónomas.
