En este tema
La capacidad normativa del Gobierno de Aragón comprende las normas con rango de ley y la potestad reglamentaria. Para entender cómo se elaboran, el tema recorre los límites, la jerarquía, la planificación y los trámites desde la iniciativa hasta el control.
Normas con rango de ley
Primero, las normas con rango de ley del Gobierno.
El Gobierno ejerce la iniciativa legislativa mediante proyectos. Según el art. 33, puede aprobar decretos legislativos y decretos-leyes dentro del marco estatutario.
La delegación legislativa del art. 34 ha de ser expresa, por ley, concreta y temporal. No cabe para estas materias:
- el presupuesto
- los derechos estatutarios esenciales
- las instituciones básicas
- el régimen electoral
El decreto-ley requiere necesidad urgente y extraordinaria. Tampoco puede regular esos ámbitos, los tributos ni el presupuesto.
El art. 35 remite la elaboración presupuestaria a la ley hacendística y exige conformidad gubernamental para tramitar enmiendas que reduzcan ingresos.
Potestad reglamentaria y jerarquía
Ahora, el reglamento: titular, límites y jerarquía.
El titular ordinario de la potestad reglamentaria es el Gobierno. Puede regular todas las materias de competencia autonómica, salvo las reservadas a la ley, y dictar normas de desarrollo y aplicación de las leyes.
Los reglamentos no pueden:
- tipificar infracciones penales o administrativas
- establecer penas o sanciones
- crear tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público
Todo ello, sin perjuicio de su función de desarrollo de una ley o norma con rango de ley.
Otros titulares ejercen la potestad reglamentaria:
- los miembros pueden ejercerla con habilitación y en materias internas
- el Presidente puede regular estructura administrativa y funciones reservadas
- las comisiones delegadas necesitan habilitación en su decreto
Las resoluciones, circulares e instrucciones administrativas no son reglamentos, y la potestad no puede delegarse, conforme al art. 36.
Los decretos son las disposiciones generales del Gobierno o del Presidente; las órdenes, las de comisiones delegadas, Vicepresidencias y departamentos, según el art. 37.
La jerarquía del art. 38 coloca primero las disposiciones del Presidente o del Gobierno, después las de las comisiones delegadas y finalmente las departamentales. Ningún reglamento vulnera la Constitución, el Estatuto, las leyes, las normas con rango de ley ni los reglamentos superiores.
Buena regulación y planificación
El art. 39 enumera estos principios:
- necesidad
- eficacia
- proporcionalidad
- seguridad jurídica
- transparencia
- eficiencia
El mismo artículo obliga a justificarlos, exige derogaciones claras y lenguaje integrador y no sexista.
El Plan Anual Normativo del art. 40 se aprueba en el último trimestre del año anterior, se publica y recoge las iniciativas del año siguiente. Antes del 30 de abril se informa sobre su cumplimiento, y una iniciativa no prevista debe justificarlo.
La evaluación del art. 41 comprueba objetivos, principios e impacto económico y puede llevar a revisar la norma.
Iniciación y consulta previa
La iniciativa corresponde al miembro del Gobierno competente, que designa órgano impulsor. En Derecho foral civil puede intervenir la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, según el art. 42.
Tras la orden de inicio, la consulta previa del art. 43 dura entre quince y treinta días naturales y pregunta por:
- los problemas
- la necesidad
- los objetivos
- las alternativas
La consulta previa puede omitirse, siempre con motivación, en estos casos:
- normas organizativas o presupuestarias
- interés público grave
- impacto u obligaciones poco relevantes
- regulación parcial
- urgencia
Borrador, memoria y anteproyecto
El borrador y la memoria justificativa del art. 44 acreditan:
- buena regulación
- tramitación electrónica
- consulta
- impacto social
- unidad de mercado
La simplificación exige motivar:
- las autorizaciones
- el silencio desestimatorio
- los plazos excepcionales de tres a seis meses
- los informes superiores a diez días
Se añaden:
- memoria económica
- evaluación de impacto de género
- posible impacto de discapacidad
- informe jurídico de la secretaría general técnica
El anteproyecto se pone en conocimiento del Gobierno para decidir trámites posteriores, salvo urgencia, conforme al art. 45.
Los anteproyectos que afecten a derechos civiles, políticos y sociales incluyen normalmente deliberación participativa. La omisión se motiva, según el art. 46.
Audiencia, informes y aprobación
En reglamentos que afecten derechos o intereses se abren audiencia e información pública durante al menos quince días hábiles. El art. 47 permite omitirlas por carácter organizativo o presupuestario o por interés público grave, con motivación.
El art. 48 exige informes preceptivos. Si hay más gasto o menos ingresos, informa Hacienda; después intervienen Servicios Jurídicos, salvo reglamentos organizativos presidenciales, y el Consejo Consultivo cuando proceda.
La memoria final acompaña el texto. El art. 49 permite retirar un proyecto antes del acuerdo final y volver a aprobar en seis meses un texto caducado al acabar la legislatura, con los informes señalados.
Urgencia y formas especiales
La urgencia del art. 50 exige interés público extraordinario o cumplir plazos normativos. Sus efectos son estos:
- elimina la consulta previa
- simplifica la memoria
- puede omitir el conocimiento previo del Gobierno
- reduce los plazos a la mitad
- deja audiencia e información pública en siete días hábiles
Frente al mínimo ordinario de quince días hábiles, en urgencia son siete. La falta temporal de informe no paraliza el procedimiento.
El decreto-ley del art. 51 justifica necesidad urgente y extraordinaria y requiere el informe de Servicios Jurídicos.
El decreto legislativo del art. 52 sigue el procedimiento de proyecto de ley, pero sin:
- conocimiento inicial
- consulta previa
- audiencia
- información pública
- participación
Publicación y control
Las normas en elaboración se publican en el Portal de Transparencia conforme al art. 53.
El art. 54 exige publicación en el boletín aragonés para producir efectos y fija la entrada en vigor a los veinte días de la publicación completa, salvo plazo distinto. Las leyes y normas con rango de ley también se publican en el boletín estatal.
Los reglamentos son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio del control constitucional, según el art. 55.
Disposiciones complementarias
Las disposiciones adicionales primera a quinta regulan:
- la residencia oficial
- la posición de expresidentes
- las precedencias
- la remisión del régimen de incompatibilidades
- las particularidades del desistimiento de recursos
La disposición transitoria única aplica la legislación anterior a procedimientos ya iniciados, y entiende que hay iniciación cuando existe orden de inicio.
La disposición derogatoria única deroga la Ley 2/2009 y sus reformas.
La disposición final primera habilita desarrollo reglamentario y la final segunda fija la entrada en vigor al día siguiente de la publicación aragonesa.
Puntos clave
- La delegación legislativa y el decreto-ley no pueden regular presupuesto, derechos estatutarios esenciales, instituciones básicas ni régimen electoral, vetando además el decreto-ley materias sobre tributos.
- La potestad reglamentaria es indelegable: Presidente y Gobierno dictan decretos, superiores jerárquicamente a las órdenes de comisiones delegadas, Vicepresidencias o departamentos.
- El Plan Anual Normativo se aprueba en el último trimestre del año anterior y se informa sobre su cumplimiento antes del 30 de abril.
- La consulta previa dura entre quince y treinta días naturales, pudiendo omitirse motivadamente por urgencia, interés público grave, regulación parcial, impacto poco relevante o normas organizativas o presupuestarias.
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Por simplificación, es obligatorio motivar las autorizaciones, el silencio desestimatorio, los plazos excepcionales de tres a seis meses y los informes superiores a diez días.
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Si hay más gasto o menos ingresos informa Hacienda, interviniendo después Servicios Jurídicos —salvo en reglamentos organizativos presidenciales— y el Consejo Consultivo cuando proceda.
- La urgencia reduce los plazos a la mitad y fija audiencia e información pública en siete días hábiles, frente al mínimo ordinario de quince días hábiles.
- Salvo plazo distinto, las normas entran en vigor a los veinte días de la publicación completa en el boletín aragonés, publicándose en el boletín estatal las de rango de ley.
- Se aplica la legislación anterior a los procedimientos con orden de inicio ya dictada, entrando la ley en vigor al día siguiente de su publicación aragonesa.
